MACRI DENUNCIADO POR LOS
PROSTIBULOS DE LA CABA
El senador kirchnerista Aníbal Fernández calificó ayer de “bochorno superlativo” la denuncia radicada en la justicia federal que afirma que la red de trata y prostitución presuntamente comandada por el ex agente de la SIDE Raúl Martins Coggiola, hizo aportes a la campaña electoral de Mauricio Macri. En ese marco, el ex jefe de Gabinete reclamó al alcalde porteño “dar las explicaciones del caso”, tras las revelaciones de Lorena Martins –hija de quien está señalado por regentear siete prostíbulos en el área metropolitana y en México– que asegura tener en su poder correos electrónicos donde se mencionan aportes en efectivo al PRO, con nombres y contactos.
“El silencio no es bueno cuando se denuncia a un proxeneta que financió su campaña y ninguno ha dicho nada ni se hace cargo de dar una explicación”, aseguró Fernández. El senador oficialista consideró que “no es saludable que el jefe de la Ciudad sea casi un buen amigo” de una persona acusada de trata de personas. En ese sentido, se lamentó de que “Macri no ha dicho una sola palabra” sobre el caso, que hasta última hora del miércoles mantuvo en vilo a la plana mayor del PRO que se reunió para evaluar el escenario. Fernández aprovechó para fustigar a la oposición, porque “tampoco piden explicaciones”, en relación con el silencio de sus principales referentes “sobre un posible socio de alguien que comete un delito tan deleznable como es la trata de personas”. “Macri aparece en una situación comprometida”, insistió el senador bonaerense, quien también fue el único oficialista en pronunciarse.
En tanto, Tiempo Argentino tuvo acceso a parte del material anexado al expediente que también señala en las complicidades policiales al ex comisario Carlos Buscaglia, el cual en una de las imágenes posa junto a José Alejandro González, señalado como uno de los que distribuían el dinero de Martins para la cobertura de los prostíbulos. Buscaglia se desempeño en Seguridad Personal, el área de la Federal que controlaba los cabarets hasta fines de los ’90. Puntualmente, la denuncia establece que la 19ª, la 38ª y la 50ª eran las dependencias de la Federal que protegían a los locales –inscriptos bajo el nombre de testaferros– a cambio de pagos mensuales. Sergio Maldonado, relevado de la 19ª por la ministra de Seguridad Nilda Garré, y que también se desempeñó en el área sustracción de automotores y en investigaciones preventivas de la PFA, fue uno de los policías acusados por Lorena Martins como vinculados a su padre. También mencionó al actual titular de esa comisaría, Gerardo Fabián Galli como quien continúa recibiendo los pagos y al ex comisario de la 38ª, Roberto Cabrini.Además, se anexaron las denuncias realizadas a través del sistema informatizado de la Agencia Gubernamental de Control sobre el local de Anchorena 1119, hasta donde quedaban inconclusos, rebatiendo la única comunicación emanada por la administración PRO el miércoles. Allí afirmaban que los cinco locales denunciados se labraron actas menores pero que estaban en condiciones.
El fiscal Gerardo Pollicita recomendó al juez Ariel Lijo que le tome declaración a la hija de Martins por el tenor de la denuncia que vincula a la red con pagos a la Policía Federal y a agentes de la SIDE, además de los funcionarios municipales que responden a la estructura del PRO. Lijo está subrogando el juzgado de Norberto Oyarbide durante la feria, tras el sorteo de la Cámara Federal que le asignó el caso.<
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