El 24 de marzo de 1976 un golpe de Estado cívico-militar derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instauró una dictadura que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983 a través de una Junta Militar asesina que encabezada de las tres Fuerzas Armadas
LOS REOS Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). ESTAN algunos PRESOS Y PROCESADOS o ya muertos,
Los golpistas asesinos y ladrones tomaron al poder robando todo a su paso, asesinando y por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupos parapoliciales militares.
La Junta Militar asesina llevó a cabo una acción represiva de terrorismo de Estado coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados como CLARIN e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional neoliberal
El gobierno de estos asesinos y basura de la casta militar, secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a cientos de miles de personas sin ser sospechadas o activistas civiles sin relación y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas de asesinato y torturas.
Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como desaparecidos y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares y en la perversa ESMALa Junta Militar asesina llevó a cabo una acción represiva de terrorismo de Estado coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados como CLARIN e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional neoliberal
El gobierno de estos asesinos y basura de la casta militar, secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a cientos de miles de personas sin ser sospechadas o activistas civiles sin relación y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas de asesinato y torturas.
Otro perverso mecanismo implementado fue el de la apropiación de los bebés de madres en cautiverio por parte de la misma estructura militar ladrona y asesina .
De esos más de 500 niños apropiados, mas de 100 ya han recobrado su verdadera identidad gracias a la labor de las Abuelas de Plaza de Mayo y Maders de Plaza de mayo ¡¡nuestras madres¡¡
La política económica del Proceso asesino y militar quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado y el robo de los activos de la nacion Bajo el liderazgo del empresario y estanciero de la SRA José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica reformas económicas neoliberales nefastas que desmontaron el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo, por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%.
En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín.
Los miembros de las tres primeras juntas de los militares asesinos fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad.
En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera.
En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura.
La política económica del Proceso asesino y militar quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado y el robo de los activos de la nacion Bajo el liderazgo del empresario y estanciero de la SRA José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica reformas económicas neoliberales nefastas que desmontaron el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo, por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%.
En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín.
Los miembros de las tres primeras juntas de los militares asesinos fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad.
En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera.
En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura.
En 2006 se han reabierto 959 causas penales, que siguen en marcha y otras se van sumando En ese mismo año, se estableció el 24 de marzo como el
Día Nacional de la Memoria y la Justicia
Pedimos justicia por los 30.000 compañeros desaparecidos que fueron asesinados secuestrados, ultrajados, desaparecidos, robados, vejados por esta basura de militares ladrones asesinos acompañados por CIVILES tan responsables como los anteriores los que deben, tambien ser juzgado por su responsabilidad asesina, ladrona y destructora de nuestra Nacion.
