MACRI EN LA CABA ES UN INCACAZ POLITICO al que votó la mayoria, quiere destruir la educacion publica y todo lo demas, funciona como un sistema NEOLIBERAL Y A CONTRAMANO DE LA NACION Y DEL MUNDO..
Los legisladores de la oposición apuntaron al macrismo
“Esto tiene que ver con un Estado porteño ausente”
Publicado el 8 de Noviembre de 2011
Carlos Tomada negó que se trate de hechos aislados. Acordaron citar al ministro Montenegro y a Javier Ibáñez, de la Agencia de Control.
La oposición porteña acusó al gobierno de Mauricio Macri por el derrumbe en pleno centro porteño. Fue en una conferencia de prensa conjunta donde el ministro de Trabajo Carlos Tomada hizo su debut como legislador porteño electo y expresó, de algún modo, la posición del gobierno nacional sobre el tema. “Cuando hay una continuidad de eventos en la misma dirección no se puede hablar de hechos aislados. El resultado tiene que ver con un Estado ausente. Un Estado al que no le preocupa la construcción de viviendas, le preocupa el mercado de la construcción de viviendas”, dijo Tomada, acompañado de un grupo de legisladores del Frente para la Victoria y de otros partidos no alineados con el PRO.
A tres días del derrumbe del edificio situado en la calle B. Mitre al 1200, los diputados organizaron una conferencia en la Legislatura en la que cuestionaron la desidia del gobierno de Mauricio Macri y denunciaron el incumplimiento de la Ley 3562, que regula las inspecciones en demoliciones y excavaciones, y que fue sancionada por la Legislatura en septiembre de 2010, tras los hechos ocurridos en el boliche Beara de Palermo y en el gimnasio Orión de Villa Urquiza. Los diputados adelantaron también que citarán al ministro de Seguridad de la Ciudad Guillermo Montenegro y al director de la Agencia Gubernamental de Control, Javier Ibáñez, para que brinden explicaciones sobre los incidentes. “En la gestión de Mauricio Macri hubo 20 derrumbes y nueve personas fallecidas. La única forma de frenar la embestida inescrupulosa del mercado inmobiliario es con el Estado”, sostuvo el diputado del FPV, Juan Cabandié.
Además de los dirigentes kirchneristas, participaron Eduardo Epszteyn, Juan Cabandié, Gabriela Cerrutti, Aníbal Ibarra, Gabriela Alegre, Francisco “Tito” Nenna, Gonzalo Ruanova, de Nuevo Encuentro, María José Lubertino y Delia Bisutti del SI; Rafael Gentili de Proyecto Sur; y Claudio Palmeyro, Mateo Romeo y Silvina Pedreira del bloque peronista. “Muchas veces se le critica a la política no hacerse cargo, pero la Legislatura sí se hizo cargo de este tema. Percibimos que había un vacío legal, que se repetían los acontecimientos y las denuncias de la UOCRA. La Ley 3562 fue promulgada en 2010 y al día de hoy no fue reglamentada”, acusó Epszteyn y citó el artículo 4° donde se establece taxativamente cuándo y cuántas inspecciones deben realizarse durante la obra. La norma crea además un Registro Público de Demoledores y Excavadores, detalla responsabilidades del representante técnico en la supervisión e incorpora sanciones para los propietarios en caso de no contratar una empresa inscripta en el registro. En suma, obligaciones que la Agencia Gubernamental de Control nunca puso en marcha.
Gabriela Cerruti, por su parte, caracterizó la situación como un “cóctel explosivo” incentivado por un modelo de ciudad donde se mezclan la búsqueda de lucro, la falta de controles y la corrupción. La presidenta del bloque Nuevo Encuentro en la Legislatura exigió además la atención urgente a los damnificados, entre los cuales rescató a Pamela Álvarez, una conocida de la diputada. “No hay situación de inseguridad peor que perderlo todo, la casa, las pertenencias, la historia personal. Esto no es una tragedia solamente cuando hay muerte”, aclaró.
Tomada, a su tiempo, denunció que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo tiene normas generales que no son fiscalizadas por la gestión PRO. Finalmente, Lubertino anunció que el 9 de noviembre se llevará a cabo en la Legislatura un debate público sobre el tema y dijo: “Hay muchísimas personas que han hecho denuncias y que aún hoy están en riesgo.” <
A tres días del derrumbe del edificio situado en la calle B. Mitre al 1200, los diputados organizaron una conferencia en la Legislatura en la que cuestionaron la desidia del gobierno de Mauricio Macri y denunciaron el incumplimiento de la Ley 3562, que regula las inspecciones en demoliciones y excavaciones, y que fue sancionada por la Legislatura en septiembre de 2010, tras los hechos ocurridos en el boliche Beara de Palermo y en el gimnasio Orión de Villa Urquiza. Los diputados adelantaron también que citarán al ministro de Seguridad de la Ciudad Guillermo Montenegro y al director de la Agencia Gubernamental de Control, Javier Ibáñez, para que brinden explicaciones sobre los incidentes. “En la gestión de Mauricio Macri hubo 20 derrumbes y nueve personas fallecidas. La única forma de frenar la embestida inescrupulosa del mercado inmobiliario es con el Estado”, sostuvo el diputado del FPV, Juan Cabandié.
Además de los dirigentes kirchneristas, participaron Eduardo Epszteyn, Juan Cabandié, Gabriela Cerrutti, Aníbal Ibarra, Gabriela Alegre, Francisco “Tito” Nenna, Gonzalo Ruanova, de Nuevo Encuentro, María José Lubertino y Delia Bisutti del SI; Rafael Gentili de Proyecto Sur; y Claudio Palmeyro, Mateo Romeo y Silvina Pedreira del bloque peronista. “Muchas veces se le critica a la política no hacerse cargo, pero la Legislatura sí se hizo cargo de este tema. Percibimos que había un vacío legal, que se repetían los acontecimientos y las denuncias de la UOCRA. La Ley 3562 fue promulgada en 2010 y al día de hoy no fue reglamentada”, acusó Epszteyn y citó el artículo 4° donde se establece taxativamente cuándo y cuántas inspecciones deben realizarse durante la obra. La norma crea además un Registro Público de Demoledores y Excavadores, detalla responsabilidades del representante técnico en la supervisión e incorpora sanciones para los propietarios en caso de no contratar una empresa inscripta en el registro. En suma, obligaciones que la Agencia Gubernamental de Control nunca puso en marcha.
Gabriela Cerruti, por su parte, caracterizó la situación como un “cóctel explosivo” incentivado por un modelo de ciudad donde se mezclan la búsqueda de lucro, la falta de controles y la corrupción. La presidenta del bloque Nuevo Encuentro en la Legislatura exigió además la atención urgente a los damnificados, entre los cuales rescató a Pamela Álvarez, una conocida de la diputada. “No hay situación de inseguridad peor que perderlo todo, la casa, las pertenencias, la historia personal. Esto no es una tragedia solamente cuando hay muerte”, aclaró.
Tomada, a su tiempo, denunció que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo tiene normas generales que no son fiscalizadas por la gestión PRO. Finalmente, Lubertino anunció que el 9 de noviembre se llevará a cabo en la Legislatura un debate público sobre el tema y dijo: “Hay muchísimas personas que han hecho denuncias y que aún hoy están en riesgo.” <
