El Metrobus, la obra más emblemática del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, puede convertirse en un nuevo dolor de cabeza para el oficialismo porteño. Desde la oposición impulsan un pedido de informes que involucra a dos ex funcionarios porteños quienes supuestamente participaron desde sus empresas, de licitaciones organizadas por el gobierno que encabeza Macri.
De acuerdo con el artículo 11 de la ley de Empleo Público de la Ciudad, “los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires” están sujetos a la prohibición de “dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar a personas de existencia visible o jurídica, que gestionen o exploten concesiones o privilegios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la Administración Pública en el orden nacional, provincial o municipal, o que fueran sus proveedores o contratistas hasta un año después de su egreso”.
Según Ferraro, Guillermo Yampolsky, titular de la empresa Ingeniería en Relevamientos Viales (IRV) y American Traffic consiguió varias licitaciones desde su salida del gobierno en el que se desempeñó como director de Transporte hasta 2008. Uno de sus jefes fue Juan Pablo Schiavi, quien luego saltó el charco y pasó al gobierno nacional hasta que el choque ferroviario de Once que causó 51 muertos terminó con su renuncia. En ese período, IRV también obtuvo el control de la tarjeta SUBE, una licitación que está siendo investigada por la justicia. Horacio Blot, supuestamente socio de Yampolsky, fue subsecretario de Transporte entre 2000 y 2004.
“Desde la renuncia de Yampolsky pasaron diez meses hasta que ganaron su primera licitación”, explicó Ferraro.
Durante la reunión de comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura porteña, el lunes, el diputado PRO Daniel Presti fue uno de los más interesados en frenar el pedido de informes. “La orden fue de Guillermo Dietrich”, dijeron sobre el empresario que es, además, subsecretario de Transporte de la Ciudad. “Había acuerdo en asesores para que el proyecto prosperara y sin embargo lo bloquearon. Habrá que ver si no fue por una orden que vino de afuera de la Legislatura”, reflexionó el legislador de Proyecto Sur, Rafael Gentilli. <
De acuerdo con el artículo 11 de la ley de Empleo Público de la Ciudad, “los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires” están sujetos a la prohibición de “dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar a personas de existencia visible o jurídica, que gestionen o exploten concesiones o privilegios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la Administración Pública en el orden nacional, provincial o municipal, o que fueran sus proveedores o contratistas hasta un año después de su egreso”.
Según Ferraro, Guillermo Yampolsky, titular de la empresa Ingeniería en Relevamientos Viales (IRV) y American Traffic consiguió varias licitaciones desde su salida del gobierno en el que se desempeñó como director de Transporte hasta 2008. Uno de sus jefes fue Juan Pablo Schiavi, quien luego saltó el charco y pasó al gobierno nacional hasta que el choque ferroviario de Once que causó 51 muertos terminó con su renuncia. En ese período, IRV también obtuvo el control de la tarjeta SUBE, una licitación que está siendo investigada por la justicia. Horacio Blot, supuestamente socio de Yampolsky, fue subsecretario de Transporte entre 2000 y 2004.
“Desde la renuncia de Yampolsky pasaron diez meses hasta que ganaron su primera licitación”, explicó Ferraro.
Durante la reunión de comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura porteña, el lunes, el diputado PRO Daniel Presti fue uno de los más interesados en frenar el pedido de informes. “La orden fue de Guillermo Dietrich”, dijeron sobre el empresario que es, además, subsecretario de Transporte de la Ciudad. “Había acuerdo en asesores para que el proyecto prosperara y sin embargo lo bloquearon. Habrá que ver si no fue por una orden que vino de afuera de la Legislatura”, reflexionó el legislador de Proyecto Sur, Rafael Gentilli. <
